Néstor Rego pide derogar el Decretazo Digital aprobado por el Gobierno


El Gobierno de España en funciones, consiguió aprobar en la Diputación Permanente el día 27 de noviembre con el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos y la abstención de Unidas Podemos, solo unos días antes de que se constituyeran las Cortes de la XIV Legislatura, a “Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre , por lo que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones” lo que ya se denominó como “Decretazo Digital” o “Ley mordaza digital”. Amparándose el Gobierno en una ficticia situación de urgencia, que es para la que está prevista la utilización de los Decretos-Ley, y evitando así los informes pertinentes y el debate sobre lo que se pretende aprobar, esta norma otorga al Gobierno, entre otras facultades, la potestad de intervenir y asumir la gestión directa de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, sin orden judicial, en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar la orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. Usando como pretexto los acontecimientos que se están produciendo en Cataluña, lo cual ya supone una aberración democrática, la aprobación de este Real Decreto-Ley va más allá, pretendiendo tener un efecto preventivo y aleccionador que supone un nuevo ataque a las libertades públicas y una nueva criminalización de la protesta y cualquier tipo de disidencia, estableciendo una forma de censura a voluntad del Gobierno, por lo que constituye una amenaza contra derechos fundamentales como son los derechos a la libertad de expresión, manifestación, a la participación política, etc… La aplicación de este Decreto se ampara, además, en conceptos abstractos como son la orden pública, la seguridad pública y la seguridad nacional, permitiendo así abrir la puerta a posibles abusos y usos arbitrarios de tales conceptos para aplicar la norma que finalmente queda al juicio subjetivo del propio Gobierno, que es quien tiene la facultad de aplicarla, generando un marco de inseguridad jurídica que no se puede justificar. Estamos, por tanto delante de una norma que, junto con la Ley de seguridad pública (Ley “mordaza”) aun no derogada, establece un marco de conculcación de derechos y libertades incompatible con un sistema verdaderamente democrático.