Esta semana la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informó que viene de abrir un expediente sancionador a 25 empresas suministradoras de sistemas de electrificación y equipos electromecánicos para la red ferroviaria. Una investigación administrativa que se hacía pública poco después de que Adif, la empresa estatal gestora de la mayoría de la red, había informado, en respuesta a una pregunta parlamentaria de En Marea en el Congreso, de que abrió un expediente sobre las derivadas internas que pueda tener la investigación judicial en marcha desde hace cuatro años sobre supuestos sobornos pagados por constructoras a técnicos suyos para que les convalidaran obras no realizadas según el contratado.
La investigación judicial sobre presuntos sobornos a técnicos de Adif por parte de constructoras se inició a raíz de una denuncia sobre irregularidades en una obra del AVE en Barcelona realizada por Isolux Corsán entre 2008 y 2011, pero se extendió más tarde a actuaciones por toda España, donde figuran trabajos realizados en la línea Santiago – Ourense. Las investigaciones de los sobornos y el cártel ponen el foco en la construcción de la obra civil y la instalación en ella de la equipación técnica por parte de las empresas, mientras que la de Angrois analiza la gestión y operación posterior de la línea por parte de Adif.+plaza. gal