El pasado 16 de junio, el Consejo de Ministros aprobaba una partida de 3.750 millones de euros para una de las industrias esenciales y punteras en nuestro país, la automoción. Iniciando así el plan de impulso a la cadena de valor de dicha industria con un paquete de medidas fiscales, logísticas, formativas, de planificación, etc. El objetivo es la reactivación del sector, muy tocado tras la crisis del coronavirus.
De esta cantidad, 250 millones de euros irán destinadas a la compra de vehículos, de los cuales 230 serán para turismos y 20 para los denominados pesados. Podrán ser tanto nuevos como ya matriculados, aunque en este caso deberán haber sido registrados a partir del 1 de enero del año en curso. Servirá para dar salida a esos famosos Km 0, que son auto matriculados por el propio fabricante y los concesionarios. Con esta medida se pretende sacar de la circulación los vehículos más antiguos y contaminantes.
Las ayudas dependerán de dos premisas. Por una parte, del distintivo ambiental de la DGT (Dirección General de Tráfico): “0 emisiones”, “Eco” y “C”. Por otra parte, de la etiqueta de eficiencia energética del IDEA (Instituto para la diversificación y el ahorro de energía): “A” y “B”.
El plan Renove convivirá con el plan Moves II. Este último será gestionado por las comunidades autónomas y no se podrán simultanear, bien se opta por uno u otro.
En cuanto a los requisitos, los del plan Renove son: en primer lugar, hacer chatarra un vehículo de al menos 10 años de antigüedad, con la ITV vigente a la entrada en vigor de dicho plan, que deberá haber estado en posesión del solicitante o de un familiar en primer grado al menos un año. A continuación, adquirir un modelo A o B de calificación energética, con emisiones inferiores a 120 gr de CO2 por km o propulsado por energías alternativas. Para finalizar con un precio no superior a 35.000 euros, excepto en el caso de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida, caso en el que serían 45.000 euros.
En lo referente a los del plan Moves II: no es obligatorio hacer chatarra ningún vehículo, al contrario que en Renove. Además, los vehículos con etiqueta 0 emisiones no podrán exceder los 45.000 euros de precio final. En este plan se incluyen camiones, motos, cuadriciclos, furgonetas, autocares y autobuses, aunque deberán ser híbridos, susceptibles de ser enchufados, o propulsados a gas.
Las ayudas serán aplicadas de forma retroactiva desde el 16 de junio, pudiendo ser solicitadas ya.
El encargado de aplicar los descuentos será el propio concesionario, sumando ambas cuantías: la ayuda del estado y la del fabricante. A continuación, será el Estado quien reembolsará al fabricante su parte correspondiente.
Las cantidades estipuladas son las siguientes. Para modelos etiqueta 0 emisiones: 4.000 euros. En el caso de etiqueta ECO: 1.000 euros, de tener calificación energética A y 600 euros si es B. Y para los modelos etiqueta C: 800 euros con calificación A y 400 con B.
Además, contarán con un bonus de 500 euros aquellas familias con ingresos inferiores a 1.500 euros al mes. Al igual que las personas con movilidad reducida y quien haga chatarra un vehículo en posesión desde hace más de 20 años.
Los fabricantes añadirán un descuento extra siempre, el cual será de la misma cantidad que la ayuda, excepto en el caso de vehículos con etiqueta 0, para los que la cantidad de 1.000 euros es fija. Por lo tanto, la cantidad a descontar se mueve en una horquilla entre 800 y 5.500 euros.
Se trata de una ayuda importante para el sector en lo referente a la adquisición de vehículos. No obstante, estos deben ser prácticamente nuevos (o matriculados en este año). De esta manera, surgen voces críticas como la de Ancova (Asociación nacional de comerciantes de vehículos). Dicha organización considera que estas ayudas deberían darse también en la compra de vehículos de segunda mano. Este “descuido” castiga a la población más vulnerable, la que cuenta con menor poder adquisitivo y que puede necesitar un vehículo más nuevo con urgencia, para poder desarrollar su vida con normalidad tanto en lo laboral como en lo social y humano. Es una “condena” a mantener vehículos que no están en óptimas condiciones, una obligación autoimpuesta por imperativos económicos, que precisa de mayor sensibilidad desde el gobierno. Máxime, tras el azote económico descomunal y sus próximas e inminentes devastadoras consecuencias, a raíz de la reciente crisis del Coronavirus.
En el parque móvil nacional hay gran cantidad de vehículos gasolina o diésel que no se cambian, sencillamente, porque no se puede. Los constantes vaivenes del gobierno, en relación con el uso de determinados vehículos provoca no solo desconcierto, sino también grandes dosis de desasosiego, ante la incapacidad monetaria de poder afrontar la adquisición de uno nuevo o semi-nuevo, a causa de lo prohibitivo de los precios para el ciudadano medio. Urge solución inmediata para evitar que más ciudadanos se queden atrás.
ALEJANDRO LUIS OTERO JAMARDO