La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, mantuvo una videoconferencia con la decana del Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG), Elena Ampudia, con el fin de analizar las últimas medidas anunciadas por el Gobierno central en materia de vivienda, así como las acciones adoptadas en este sentido por la Xunta con el fin de ofrecer garantías desde el punto de vista residencial a los colectivos más vulnerables frente a la actual crisis sanitaria.
Durante la reunión, en la que también participó la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Encarna Rivas, la decana le trasladó a la conselleira la inquietud de los arquitectos gallegos y de otros colectivos con una relación directa con el sector inmobiliario y la vivienda ante las repercusiones que podría acarrerar la aplicación del real decreto de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
En este sentido, Xunta y COAG coincidieron en subrayar que no se puede modificar el contenido del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 de forma unilateral y sin escuchar a comunidades y sectores implicados, y por eso manifestaron su oposición a que el Gobierno utilice y desvíe fondos ya asignados y en su mayor parte comprometidos, a financiar ahora una nueva orden ayudas dirigida a los mismos colectivos vulnerables que se benefician de las ayudas previstas en dicho plan.
A modo de ejemplo sobre las posibles consecuencias de esta decisión, recordaron que gracias a las subvenciones del Plan de Vivienda en Galicia se generan cada año cerca de 3.000 puestos de trabajo. Por eso, la conselleira de Medio Ambiente le trasladó un mensaje de tranquilidad y subrayó que la Xunta tiene intención de seguir destinando los cerca de 42 millones de euros que tiene asignados la comunidad en este plan para los años 2020 y 2021 a las ayudas y a los programas que ya están en marcha y publicados en estos momentos, porque “hay unos derechos adquiridos”.
Del mismo modo, Vázquez Mejuto subrayó que confiscar los presupuestos que las comunidades tenían comprometidos en materia de vivienda para poder financiar los programas y las decisiones del Gobierno central, “no es serio” y puede lastrar aun más la economía.
“No podemos decir que 75.000 familias gallegas van a recibir entre 400 y 900 euros mensuales durante varios meses continuados cuando el Gobierno saca una orden sin ningún tipo de financiación”, resumió la conselleira, quien añadió que así se lo trasladó este fin de semana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a su homólogo estatal, Pedro Sánchez.