Las mociones llevadas al último Pleno exigen a las autoridades educativas que para el próximo curso si impartan y no queden cerradas la línea de FP Básica de Servicios Administrativos y la de Educación Secundaria para Adultos.
En el caso de la FP Básica de Servicios Administrativos, ya tenía alumnado matriculado cuando si comunicó por parte de la inspección educativa el cierre de la línea, aludiendo a que no si cubría el cupo mínimo de matrículas, 6 en vez de 8 que exige el reglamento.
Desde el BNG se entiende que estos cupos mínimos no tienen sentido que se apliquen con idéntica exigencia en los centros radicados en las ciudades que en el rural, toda vez que a propia Consellería de Educación venía aplicando hasta ahora criterios de flexibilidad al respecto.
Desde el BNG entienden que se trata de un recorte de servicios públicos en el rural que alimenta una y otra vez el círculo pernicioso de dejar sin servicio por falta de población, lo que supone seguir perdiendo población, y que no están dispuestas/os a permitir.
Y a este respecto se adoptaron por unanimidad del pleno del Ayuntamiento de Ponteceso varios acuerdos:
Elevar a la Xunta de Galicia, a la Consellería de Educación y a la Inspección Educativa el presente acuerdo y exigir:
la marcha atrás en la cancelación de la línea de FP básica de Servicios Administrativos para el curso 23/24, toda vez que el número de solicitudes es suficiente aplicando el criterio de “flexibilidad” que debe aplicarse a los centro radicados en el rural,
que si permita impartir la línea de ESA el próximo curso con las 10 matrículas previstas aplicando el criterio de “flexibilidad” que debe aplicarse a los centros radicados en el rural,
que se dote al IES Eduardo Pondal de Ponteceso de los recursos humanos y medios materiales precisos para poder impartir estos estudios que tienen asignados en su cartera formativa.
Trasladar a la Valedora dp Pobo este acuerdo para que interceda entre el centro de enseñanza y las autoridades educativas a favor de amparar a las personas afectadas por esta decisión de la inspección educativa y que ponen en riesgo su aprovechamiento académico, su futuro laboral y su integración en la sociedad.
Pedir el compromiso de los grupos políticos municipales con representación en la cámara autonómica, que den traslado de este acuerdo a sus respectivos grupos parlamentares para su defensa en el Parlamento Gallego.