El Supremo confirma la derrota judicial de la Xunta en su intento de impedir la emisión de CUAC FM


La Xunta de Galicia continúa dando palos de ciego y de bruces contra su política de medios de comunicación radiofónicos y televisivos. Sí no eres “amigo” te hacen mirar con lupa hasta el último papel, incluso con amedrentamiento de sanciones desorbitadas como el caso de Cuac Fm entre otros.

No somos todos iguales ante esta Ley

Sí eres “amigo” se adapta la normativa para que las licencias estén en poder de grandes grupos editoriales aunque estean paradas o no creen ni empresa ni un solo puesto de trabajo.

De hecho, ahí están concedidas las licencias de televisión autonómica, paralizadas, donde ni las marcas Popular Tv ni Vtelevisión fueron quien de consolidar un proyecto de futuro ni a medio ni a corto plazo. En medio de todo eso, la multinacional Filmax quedó a las puertas de que el Gobierno Fraga “en funciones” le concediera en el 2005 una licencia para poder emitir.

Después de varios meses, o años en el caso de Popular Tv, la pantalla sigue en negro, las inversiones en el limbo y los cientos de puestos de trabajo que ofrecían en sus proyectos, en casa.

Parece que para poder avanzar, habrá que cambiar, y no de canal precisamente, sino de Gobierno. Después como ahora, haremos valance de que hicimos mal. Mucho señores míos, mucho. Que le pregunten a los votantes de Vigo, o a los de Carballo.

La Justicia empieza a hacerse eco de alguno de estos destrozos. Ya es sentencia firme. El Tribunal Supremo viene de inadmitir el recurso que la Xunta había presentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que reconoció el derecho de CUAC FM a emitir en frecuencia modulada. La providencia de la Sala Primera del Contencioso Administrativo, firmada por 6 magistrados, le imponen además al Gobierno gallego el pago de costas procesales hasta un máximo de 1.000 euros. (Cuando la multa que intentaba imponerle la Xunta a la emisora era de cien mil).

Cabe hacer hincapié en el “malgasto de recursos públicos en la persecución de una iniciativa de comunicación ciudadana, y en contra de una interpretación expansiva de los derechos fundamentales y las libertades públicas”.

La Secretaría Xeral de medios infringió la Constitución

Asimismo, la Sala considera que la Secretaría Xeral de Medios infringió el artículo 20 de la Constitución española, al vulnerar el derecho de las personas a la libertad de expresión y a recibir y comunicar libremente información. Por tanto, apunta que la Administración autonómica contravino «los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad de libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios».