En los últimos días de enero de 2024, el registro de demandantes de vivienda protegida de la Xunta tiene anotadas 18.119 inscripciones. Un total de 10.598 esperan por una vivienda protegida para alquilar, cifra que se eleva hasta las 14.100 contando la población que preferiría un arrendamiento con opción a compra. En primavera del pasado 2023, en este registro -que se actualiza continuamente- había algo menos de 13.000 solicitudes de alquiler. Hace media década eran unas 8.000. Teniendo en cuenta a quién pide una vivienda para comprar, se llega la esas más de 18.000 personas a esperar por un piso con alguna figura de protección de la Administración gallega.
A pesar de a la obvia existencia de la necesidad en un contexto de alza general de los precios y mismo de escasez de parque de vivienda disponible en los ayuntamientos más poblados, la vivienda protegida finaliza otra legislatura gallega en mínimos. En mínimos al compararla con la trayectoria de la propia Junta en tiempos pasados, tanto en los mandatos del PP con Fraga como en el del Gobierno de coalición PSdeG-BNG, y a pesar de a el obvio impulso que la vivienda pública y protegida viene experimentando, también y a pesar de todo en Galicia, a través de los fondos europeos de recuperación que llegan a través del Estado.
Esta escasez de vivienda protegida en Galicia viene arrastrada desde los años de los fuertes recortes presupuestarios en la materia durante la anterior crisis económica. No en vano, el total del presupuesto de la Xunta para vivienda perdió hasta un 84% de su dotación entre 2009 y 2014.