El Gobierno está decidido a liderar el proceso de reforma del mercado eléctrico europeo y, para ello, envió este martes a la Comisión Europea las líneas generales de su propuesta, cuyo debate está previsto en el seno de la Unión para la próxima primavera. El principal objetivo es impulsar las energías renovables y reducir la volatilidad de precios a través de, entre otros aspectos, la fijación de precios a largo plazo para la energía nuclear e hidráulica, de forma que se eviten los actuales beneficios «caídos del cielo» de estas tecnologías.
España es el primer país que envía a Bruselas una propuesta sobre la citada reforma, que desde el Gobierno esperan que esté resuelta para finales de 2024, el mismo plazo que se han marcado para poner fin a la llamada excepción ibérica, tal como adelantó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y ya ha confirmado en rueda de prensa.
La ministra ha explicado que esta reforma es necesaria, ya no solo por la coyuntura desatada por la guerra en Ucrania, sino porque considera que el sistema -diseñado hace dos décadas- no está preparado para el futuro. Y es que, a su juicio, el hecho de que la tecnología más cara fije el precio medio de la luz cobra menos sentido en las actuales circunstancias, en las que las renovables ganan cada vez más peso (entonces tenían una penetración del 10 % y actualmente llega hasta el 50 %).