En la primera, de carácter ordinario, el asunto que suscitó el mayor debate fue una/una moción presentada por el PSOE la raíz del cierre del centro de educación especial que venía funcionando en las instalaciones de Aspaber. La iniciativa contó con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, que se abstuvo. De este modo, el pleno de Carballo insta a la Xunta de Galicia a adoptar, como administración competente, las siguientes medidas:
“Acceder a las demandas de las familias de los/las usuarios/as del CEEPR Aspaber de Carballo, garantizando la continuidad inmediata de un centro de educación especial en la comarca para que los estudiantes puedan continuar con su formación y las familias tengan en su contorno vital un servicio esencial para la conciliación de su vida laboral y familiar”.
“Garantizar que los centros educativos ordinarios de la comarca cuenten con los recursos necesarios para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales, en aras de fomentar una educación más inclusiva”.
“Comprometerse a construir un centro de educación especial público, en un plazo razonable, con un mínimo de 5 a 7 unidades, en el que se matricularán los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, y que sirva de referencia y apoyo a los centros ordinarios”.Terra Galega también presentó una moción por vía de urgencia sobre un vertido en el Rego da Balsa. La iniciativa fue rechazada por el grupo de gobierno argumentando que ya se están acometiendo las obras necesarias para solucionar el problema.
La corporación aprobó por unanimidad el convenio que regula el proyecto del parque arqueológico del megalitismo en la Costa da Morte para que pueda incorporarse el ayuntamiento de Coristanco; la modificación puntual número 7 del PGOM, que afecta a las alineaciones en Quintela y A Barreira, y el anexo de expropiaciones para que Augas de Galicia pueda acometer el proyecto de demolición de edificación, reforma del puente y creación de un canal de aguas altas en la calle del Sol.
La propuesta del gobierno municipal para modificar la ordenanza fiscal número 4, que regula el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), fue aprobada con las abstenciones de PP y TeGa. El objetivo de esta reforma es establecer una escala de bonificaciones, en función del presupuesto de la inversión y del número de puestos de trabajo creados, que puede alcanzar hasta lo 95% del importe del impuesto.
Después de atender los ruegos y preguntas presentados por PSOE y TeGa, a las 21.55 horas comenzó lo segundo pleno, en este caso extraordinario, que había sido solicitado por los concejales y concejalas de los tres grupos de la oposición a raíz de una sentencia del TSXG que anula la licencia de la estación de servicio de la calle Poniente. La sesión incluyó la comparecencia del alcalde, Evencio Ferrero, tal como habían pedido los grupos, así como la votación de una propuesta de acuerdo que fue rechazada por el gobierno del BNG argumentando que el Ayuntamiento está obligado a defender siempre el interés público. El debate se prolongó durante algo más de una hora.