Así lo trasladó el presidente, Valentín González Formoso, tras la reunión telemática de la comisión de diputaciones, cabildos y consejos insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Una postura en la que coincidió con el presidente de la FEMP, Abel Caballero, y con los presidentes y presidentas de maís de cuarenta instituciones provinciales del Estado, que se expresaron en el mismo sentido.
González Formoso destacó que «estamos hablando de remanentes que fueron generados gracias a una buena gestión económica municipal y que deben quedar en esos ayuntamientos o provincias para ser usados con total autonomía por cada entidad local, en función de sus necesidades particulares», afirmó.
El presidente provincial coruñés consideró también que «una parte importante de la reconstrucción social y económica que vendrá en los próximos meses recaerá en las administraciones locales, que ya están haciendo un importante esfuerzo para atender los efectos sociales y económicos que esta crisis tiene en el día a día de la ciudadanía».
El pleno de la Diputación de A Coruña, celebrado el pasado 30 de abril, aprobó por unanimidad una moción instando al Gobierno de España a derogar la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (conocida como Ley Montoro) para que, en esta grave crisis, los ayuntamientos y las diputaciones puedan destinar parte de su superávit a políticas activas de empleo, solidaridad y reactivación económica.