El mandatario autonómico participó en la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Gallego de Vivenda e Solo (IGVS) y el Consejo de la Abogacía Gallega para elaborar una guía informativa sobre los derechos y deberes de las personas propietarias o usufrutuarias de viviendas ocupadas ilegalmente. Rueda defendió esta medida ya que consideró que el derecho a disfrutar plenamente de una vivienda en propiedad es “fundamental” y debe ser protegido y salvaguardado por la Administración, la misma asistencia que aseguró que si presta cuando una persona es víctima de un desahucio “y nuestro deber es asistirla en un momento tan complicado”, equiparó, al tiempo que puso cómo ejemplo concreto de medidas para estos casos el Bono alquiler social dirigido a colectivos más vulnerables, y del que destacó el incremento de su presupuesto.
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