Choque institucional y acusaciones cruzadas. Por primera vez en la historia de la democracia española, el Tribunal Constitucional ha paralizado una ley en plena tramitación parlamentaria.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este martes que el Ejecutivo tomará «cuantas medidas sean precisas» para poner fin al bloqueo del Tribunal Constitucional (TC) y el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que ha culpado al PP. En su opinión, la decisión del órgano de garantías de paralizar la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas incluidas en la reforma del Código Penal «no tiene precedentes», ni en la historia de la democracia española ni el resto de países europeos.
La reacción del jefe del Ejecutivo llega después de unas horas de vértigo. A última hora de este lunes, el Tribunal Constitucional decidió paralizar la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas incluidas en la reforma del Código Penal, que deroga el delito de sedición y toca el de malversación, por las que se modifica el sistema de elección de los candidatos al tribunal de garantías que debe nombrar el CGPJ, aprobadas por el Congreso la pasada semana y pendientes de votarse en el Senado este jueves.
En palabras de Sánchez, esta situación «inédita» tiene su origen «en la decisión que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, adoptó cuando perdió las elecciones y decidió incumplir con el mandato constitucional». Sánchez se ha referido así al bloqueo que se remonta a diciembre de 2018 en el caso del CGPJ y al mes de junio de este año para el Constitucional, que en su opinión tiene «como único propósito» mantener «una composición anterior y más favorable para su orientación».