Xunta, hostelería y ocio nocturno rechazan el protocolo de desescalada del Gobierno

Alfonso Rueda y Julio García Comesaña se rúnen con representantes del sector del ocio nocturno

La Xunta se oponen a la nueva normativa del Gobierno central sobre los horarios en la hostelería y el ocio nocturno y el límite de las reuniones. Por lo tanto, si el Ejecutivo estatal no retira las medidas, que todo indica que lo va a hacer, el Gobierno gallego presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, al considerar que el texto invade competencias de las comunidades autónomas.

Así se lo trasladaron el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda; el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, y la conselleira de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, a representantes del sector de la hostelería y del ocio nocturno, a los que informaron de la posición que la Asesoría Jurídica de la Xunta ya tiene avanzada.

Incide en que, además de invadir competencias de las autonomías, la nueva norma estatal publicada el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) exige unos horarios rígidos hasta alcanzar la inmunidad sin tener en cuenta a evolución de la situación epidemiológica en cada territorio.

De este modo, de mantenerse esta normativa sin una aplicación flexible en función de los datos de cada comunidad, en el caso de Galicia el Gobierno central estaría bloqueando durante meses el avance en la desescalada gradual y prudente que se está llevando a cabo hasta ahora en el marco de las reuniones semanales del comité clínico y, siempre según la evolución epidemiológica en cada momento.

En esta línea, la norma del Gobierno central tampoco posibilitaría ampliar al 75% la capacidad del interior de los establecimientos del sector de la hostelería como estaba previsto si la comunidad gallega continuaba mejorando sus índices.

La Xunta espera que en la reunión del miércoles del Consejo Interterritorial entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, el Ejecutivo central rectifique y permita la posibilidad de ajustar las medidas a la situación de cada autonomía.