Artículo | Giro de 180 grados ante la nueva ley de mascarillas


Por Alex Otero.

Apenas 24 horas después de la aprobación, tras publicación en el Boletín Oficial del estado (BOE), de la nueva ley sobre el uso de las mascarillas en España, conocida como ley de “nueva normalidad”, el pasado martes 30 de marzo, Sanidad rectifica y acuerda con las diferentes comunidades autónomas, la modulación en los criterios de aplicación de esa ley.

Tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado un día después, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado la realización de una revisión técnica de dicha medida. Posponiendo a la reunión de la próxima semana, la plasmación de propuestas a tal fin

Las críticas a esta nueva ley proceden de diferentes ámbitos, siendo el campo científico y el de la medicina los más llamativos y vinculantes. Las quejas de los científicos hacen especial hincapié en los vacíos que dicha norma presenta ante el uso de las máscaras en el interior, puesto que es aquí donde el riesgo se multiplica de forma exponencial. Los diferentes estudios que la ciencia ha llevado a cabo, insisten en que el mayor peligro ante el covid está en la transmisión aérea, los archifamosos aerosoles, cuya jerga ha inundado los programas de tv y los debates sobre la pandemia.   

Voces autorizadas como las del epidemiólogo de la USC, Juán Gestal, son muy críticas ante la nueva normativa. Destacando que la ley no está bien, pues donde debe primar la protección es en espacios interiores.

Y es que donde la mascarilla debe ser de uso obligatorio es en interiores donde se esté con personas no convivientes, con independencia tanto de la ventilación como la distancia. Hay evidencias científicas que avalan estas aseveraciones, considerando, además la distancia de 1,5 metros como insuficiente cuando el contacto es dentro de recintos cerrados y aunque cuenten con circulación de aire renovado. La transmisión bajo estas premisas del covid es de un 70% por encima de la corresponde en espacios al aire libre.

Otro caballo de batalla dentro de este dislate es el del caos y la confusión que se genera en la sociedad. Por una parte, no se define de forma concisa y clara la normativa en espacios donde los aerosoles imponen su ley. Por otra parte, se obliga a la población a hacer uso de la mascarilla en el monte o en la playa, con independencia de la distancia que tenga con el resto de la gente con quien coincida e incluso en situaciones de enorme distancia. Llegándose al paroxismo del ridículo, en el supuesto caso de un hombre que trabaje en el campo y esté solo, obligado por ley a llevarla puesta.

Pero, ¿qué es lo que dice exactamente el texto legal recién aprobado?

“Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos: en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público…”

La revuelta de las CCAA está servida. Destinos turísticos de primer orden como Canarias o Baleares ya se han mostrado reacios a la aplicación de la normativa en sus arenales, amagando con su insumisión a la norma y en espera de “manga ancha” en su aplicación. Y es aquí donde surge otro problema, si la población empieza a percibir que la plasmación de esta norma varía en función de la localización geográfica o, simplemente, no se tiene en cuenta, la división y las dudas generadas serán tan graves como el propio desastre normativo.

En comunidades autónomas como Galicia, ya se había regulado el uso de mascarillas en espacios al aire libre como la playa donde, si bien se obligaba a su uso mientras se daba un paseo o en los accesos, también se permitía el estar sin ella mientras estabas tomando el sol en la arena con la distancia de seguridad, o dándote un baño. Unas instrucciones que han sido reafirmadas en el DOG del pasado 18 de marzo, es decir, muy recientemente. El propio Conselleiro, Julio García Comesaña comentaba que “no vamos a cambiar nuestra estrategia y recomendaciones”. En clara referencia a la claridad normativa y huyendo de las vaguedades y posibles contraindicaciones, así como de lo absurdo de una normativa que no está avalada por la comunidad científica.

Sin duda, los ciudadanos asistimos estupefactos a una serie de movimientos e improvisaciones que rozan el ridículo, sino es que lo sobrepasan con creces. No solo se aprueban textos legales sin tener en cuenta los estudios que se han realizado desde junio hasta hoy, donde las consideraciones, tras el arduo trabajo de comités científicos y expertos, han evolucionado, sino también se ningunea sistemáticamente las opiniones de los expertos, verdaderas voces acreditadas en este campo, sacrificándolas por criterios políticos y de conveniencia, según sea el momento.

La solución a esta crisis covid y sus efectos la conocemos todos. Está en la vacunación, y ésta, debe ser masiva. Ahí es donde tanto gobierno central como la Unión Europea tienen la obligación de centrar sus esfuerzos. Además de actuar con la contundencia que sea necesaria ante un problema de salud de primer nivel y castigar, tanto los presuntos incumplimientos contractuales, como las supuestas especulaciones financieras y aumentos de precio de la compañía farmacéutica que sea. Todo lo que a esto no responda, debería ser considerado delito de lessa humanidad.

ALEJANDRO LUIS OTERO JAMARDO