El nivel de crispación político que se ha generado en España durante el estado de alarma, decretado para gestionar la crisis del coronavirus, ha alcanzado cotas insospechadas de tensión. La dureza con la que se emplean unos y otros en la arena parlamentaria es directamente proporcional tanto al número de votos alcanzado como a su importancia dentro del organigrama del gobierno y representatividad.
Mientras esto sucede en nuestro país, en las naciones de nuestro entorno la confrontación política se veía aparcada. Véase el ejemplo de Alemania, donde el apoyo y la percepción positiva de la gestión por parte del gobierno de coalición entre conservadores y socialdemócratas cuenta con el respaldo de la mayoría de la población germana y también el de Francia, donde observamos una bajada considerable del tono del debate, con algunas excepciones en ambos extremos del espectro político del país galo.
Los ejemplos de tensión política en nuestro país son constantes. Baste citar como ejemplos desde las alusiones a un pasado de sangre azul en Cayetana Álvarez de Toledo hasta la respuesta de la misma con la acusación a Pablo Iglesias de ser presuntamente hijo de un terrorista por su antigua pertenencia al FRAP.
Posteriormente se destapaba la conversación off the record de la televisión autonómica de Euskadi con Irene Montero, donde ésta confesaba, sin pudor alguno, su supuesto conocimiento de la gravedad del nivel de contagio del covid19 antes de la manifestación feminista del 8M, la cual, pese a todo, no se prohibió. Misil mediático contratacado rápidamente por el líder de Unidas Podemos con la existencia de un supuesto protocolo de no hospitalización de los ancianos que vivían en residencias públicas de la comunidad autónoma de Madrid, dardo dirigido contra su presidente la señora Ayuso. Seguido de la respuesta del PP hacia la responsabilidad de Iglesias en dicha materia denunciada. Dimes y diretes, algunos ridículos, otros gravísimos, y todos en general, que degradan al nivel del fango la altura del debate político.
En lo que se refiere al presidente del gobierno y sus ministros socialistas las cosas no pintan mejor. Cruce de acusaciones por parte de VOX y el gobierno de irresponsabilidad, mala praxis y negligencia.
Por si esto fuera poco, el enfado y la ira de algunos sectores de la población se está canalizando hacia la judicialización de la tragedia, encarnada en los fallecimientos del covid19. La asociación española de víctimas y afectados por el coronavirus presentaba una denuncia en la Corte Penal Internacional de La Haya contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez por el genocidio de 50.000 personas. Pese a tener pocos visos de prosperar, ya que a pesar de aparecer en algunos medios como admitida a trámite, no cuenta más que con un simple acuse de recibo, si refleja una justa reivindicación y una peligrosa judicialización de todos, epidemiólogos, médicos, expertos, o no tan expertos en salud, ministros de sanidad, etc. Además, en España hay más de 40 demandas en espera de ser atendidas contra políticos en el Tribunal Supremo. Claro reflejo de una tendencia de llegar hasta los tribunales de justicia.
En este campo sí que hay similitudes con otros países cercanos como Italia, donde la plataforma Noi Denunceremo (Nosotros denunciaremos) quieren saber la verdad, avanzando en la investigación hasta sus últimas consecuencias, en lo referente a lo sucedido tanto en Bérgamo como en Lombardía y el resto del país transalpino. Consuelo Lucati y Luca Fusco (ambos perdieron a sus padres durante la pandemia), junto con un equipo de abogados se están encargando de tramitar las denuncias pertinentes en los juzgados. 42 en esta semana y en espera de que sean muchas más durante este mes de junio.
Sin duda estamos ante un ambiente enrarecido en España, con similitudes, en mayor o menor medida, con países de nuestro entorno. Pero con un récord negativo en lo que se refiere a crispación política, que si pone de relevancia el bajo nivel al que últimamente nos tiene acostumbrado nuestra clase dirigente. No solo es negativo por revivir viejos fantasmas de las dos Españas, sino también porque amenaza con liquidar la concordia. Además de hacer perder la fe en la democracia y sus “representantes”, más ocupados en ratios políticos y estrategias de partido que en una praxis parlamentaria a la altura del país al que representan y los votantes que dicen defender.
Autor.- ALEJANDRO LUIS OTERO JAMARDO