El BNG llevó a la Cámara la situación de la nueva Ciudad de la Justicia de Vigo, inaugurada en mayo de 2022 tras una serie de sobrecostos con un importe de 10,6 millones de euros por desperfectos en la estructura original del edificio que no fueron advertidos por el Gobierno del PP.
La diputada viguesa, Carmela González, recriminó a la secretaria general técnica de la Vicepresidencia 2ª, Elena Muñoz, todo el proceso que llevó a una Ciudad de la Justicia con numerosas “deficiencias” en su proceso de demolición y rehabilitación y, ahora, con su usabilidad, criticada ya por usuarios y usuarias además del personal funcionario que trabaja en este complejo, “el proyecto inicial tuvo que ser modificado por lo que el Gobierno gallego calificó de percances y que supusieron un sobrecosto de más del 30% del presupuesto inicial en cada una de las fases de demolición y construcción”, recriminó.
Esta demolición, detalló, fue adjudicada el 15 de junio de 2017 y la contratación para la elaboración de los estudios e informes el 11 de julio, por lo que, señaló, “fue adjudicada antes la demolición que el informe que indica como está el edificio”.
En relación a los sobrecostos, González denunció que hasta 10,6 millones de euros se tuvieron que pagar por encima de los costes iniciales a consecuencia de la aparición de amianto y mal estado de las estructuras de los edificios anexos a la torre del antiguo hospital en la fase previa a la demolición, después de un informe encargado por la Xunta a la empresa Euroconsult, con un coste de 105.996 euros. El que deja, en palabras de la diputada del BNG, “dos posibilidades, o bien que la empresa no había advertido de las deficiencias o que sí lo hicieron y no fueron tenidos en cuenta en la redacción del proyecto y cualquiera de las posibilidades es muy grave y la Xunta tiene que depurar responsabilidades”, declaró.
La diputada de Vigo hizo referencia, además, a las ineficiencias del nuevo complejo, que “no tiene espacio suficiente para el personal funcionario”; salas de vistas pequeñas y estrechas, “especialmente para los juzgados penitenciarios y para la Audiencia”; espacios escasos para los equipos psicosociales “en los que tienen que reunirse con familias que en muchos casos tienen niños que no tienen un lugar donde jugar mientras esperan por su padre y madre”, recriminó. De hecho, señaló, el complejo no está dotado de salas de espera para la ciudadanía, tiene problemas de sonoridad “que dificultan la celebración de los juicios” y hay notables carencias en la intimidad de las personas detenidas y de sus familias en el momento de comparecer frente el personal funcionario.