El pasado miércoles 20 de mayo, se daban a conocer los datos que ponían de relieve la superación del millón de multas impuestas en España, como consecuencia de violar las medidas del estado de alarma.
La barrera era sobrepasada el lunes 18 de mayo con 1.005.187 propuestas de sanción pecuniaria. Además, se realizaban 8.732 detenciones. Todas ellas serán revisadas por las diferentes delegaciones del gobierno, organismo encargado de establecer si éstas prosperan o no, así como de determinar la cantidad final a pagar.
La lectura de estos datos también arroja luz sobre cuales son, entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, las que más multas imponen. Situamos en lo más alto de este particular pódium a la Policía Local con 369.567, seguido por la Guardia Civil con 290.672 y el CNP (Cuerpo Nacional de Policía) muy cerca, pero cerrando ya el cajón, con 268.567 sanciones.
Sin embargo, la “voracidad” sancionadora de los primeros días ha ido progresivamente menguando desde el 14 de marzo, fecha que marcaba el arranque del estado de alarma, hasta datas posteriores donde han avanzado las medidas de desconfinamiento. Durante la semana santa, concretamente los días 11 y 12 de abril (sábado y domingo), se establecía el récord de multas en el territorio nacional con 50.000 y 441 detenciones.
España es uno de los países más sancionadores. Muy cerca se sitúan naciones de nuestro entorno como Francia e Italia. Mientras el Ministerio del Interior del país galo, arrojaba la cantidad de 915.000 multas, los transalpinos imponían más de 300.000 en apenas los diez días que van desde fines de abril hasta poco más del fin de la primera quincena de mayo. En el otro lado de la balanza situamos al Reino Unido con unas cifras paupérrimas, por debajo de las 13.500 sanciones hasta el 11 de mayo.
A día de hoy en España, la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, establece como falta grave la desobediencia a los agentes.
Pese a todo, el quid de la cuestión estriba en el por qué es necesario intervenir tanto para que la ciudadanía tenga un comportamiento cívico acorde con el problema al que nos enfrentamos.
Al principio del estado de alarma era común ver a gente saltarse las normas utilizando las excusas más baladíes. La actividad informativa de los agentes de la autoridad tuvo que tornar en sancionadora para lograr los efectos deseados y de esta manera, protegernos de los peligros a los que algunos, imprudentemente nos exponían. Con el avance de las distintas fases del desconfinamiento, también pudimos observar como en diferentes lugares del país se saltaban a la torera tanto las distancias obligatorias en tarrazas y sitios públicos como el uso obligatorio de mascarillas; celebrándose incluso reuniones y fiestas con gran cantidad de gente, poniéndonos en peligro a todos.
Ante esto, y a posteriori de numerosas advertencias, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se han visto obligados a actuar con el objeto de proteger a la población de aquellos que no entienden lo mucho que nos jugamos. Ejerciendo con proporcionalidad el monopolio de la violencia que se le otorga ante situaciones de flagrante peligro o desobediencia total.
Posiblemente haya podido haber alguna excepción denunciable y poco afortunada, pero en su inmensa mayoría, las actuaciones se realizan con todas las garantías democráticas propiasdel estado de derecho y con el objeto de hacer cumplir la ley.
No debemos olvidar que estas sanciones récord son, casi siempre, fruto de la imprudencia y la falta de respeto a los demás. Impuestas por agentes de la autoridad quienes, en sus casas, también son padres, madres, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Y de igual manera, tienen mayores y pequeños a los que cuidar y proteger.
Alguien tiene que realizar la ingrata tarea de informar, advertir y, llegado el caso, sancionar o detener. Hagamos su labor un poquito más fácil y respetémosla.
ALEJANDRO LUIS OTERO JAMARDO