Cuatro personas y tres empresas serán juzgadas la próxima semana en Vigo por la Audiencia Provincial por un delito de tráfico ilegal de una sustancia destructora del ozono tras suministrar a varios barcos un gas refrigerante prohibido. La Fiscalía pide para cada una de las personas dos años y tres meses de cárcel y tanto para ellas cómo para las tres empresas implicadas multas que suman un total superior a los 400.000 euros. El gas iba destinado a la refrigeración y plantas de frío de diversos barcos.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, “a lo largo de varios años, pero por lo menos desde 2010” y hasta cuando menos 2014 una empresa familiar domiciliada en Vigo de la que no se facilita el nombre y dedicada al comercio de gases industriales vendió clorodifluorometano (HCFC22), “conocido comercialmente como gas R-22” la “diversas entidades domiciliadas en países pertenecientes a la Unión Europea, mayoritariamente en España, especialmente para refrigeración y plantas de frío de sus buques, la sabendas de que no podía hacerlo por estar prohibido, ya que @dito gas es una de las sustancias que agotan la capa de ozono”.
La producción, importación y exportación del gas en cuestión está regulada en la UE desde lo 1 de enero de 2010, con una excepción que permitía su importación, reenvasado y reexportación, o su regeneración, solo la determinadas empresas autorizadas por la Comisión Europea. La principal empresa implicada en el caso tuvo la primera autorización hasta 2012, pero no podía vender el gas en territorio comunitario ni tampoco regenerarlo.