Las protestas por carencias en diferentes ámbitos del Servicio Gallego de Salud suenan desde hace meses y la Xunta intenta contenerla a las puertas del intenso ciclo electoral que tiene su primera parada en los comicios municipales de 28 de mayo . En vísperas de esa carrera electoral, pero también a apenas diez días de la manifestación unitaria convocada por la plataforma SOS Sanidad Pública para el próximo 12 de febrero -descalificada ya desde la Consellería de Sanidad como una “orden” de Ana Pontón, líder del BNG- el Gobierno gallego continúa intentando paliar el descontento entre lo personal, especialmente entre lo más movilizado o que ejerce en los servicios sobre los que para mayor presión, caso de la Atención Primaria.
En esta ocasión esa apuesta por intentar enfriar el clima sanitario llega recuperando un plan para “incentivar” el personal médico que tutoriza futuros profesionales, las médicas y médicos residentes. Se trata de una norma que deriva cuando menos parcialmente de una ley de hace casi década y media, la ley de salud aprobada por el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG en el año 2008, y que el actual Ejecutivo del PP ya había lanzado en noviembre de 2021, cuando aún estaba presidido por Alberto Núñez Feijóo.
Entre las novedades destacadas por Comesaña en su comparecencia con Rueda el conselleiro destacó también, destaca la Xunta, que el decreto “asegura que el tutor pueda disponer de un tiempo específico para el ejercicio de sus funciones” dentro del horario laboral común. El texto presentado en 2021 preveía que ese tiempo fuera de “dos hora por persona residente y mes, con un mínimo de tres horas mensuales”. “La norma garantizadora también que los profesionales que ejerzan tutoría reciban una puntuación adicional en los baremos”, destaca también Comesaña sobre la que define como “una de las normativas más importantes de la legislatura”.