Las víctimas del tren Alvia que el 24 de julio de hace diez años descarriló en las cercanías de la estación de Santiago de Compostela, con el saldo de 81 víctimas mortales y 144 heridos, expresaron su confianza en la independencia de la jueza Elena Fernández Currás frente a lo que denominan Pacto de la Curva trazado por los diferentes gobiernos para señalar el maquinista cómo único culpable.
El presidente de la plataforma de víctimas del Alvia Jesús Domínguez afirmó que transcurrida una década desde la catástrofe “aun no hay justicia ni una investigación técnica independiente, como viene pidiendo durante años a Unión Europea”, a quién agradece el trato recibido frente al desprecio con que, dicen, los trataron las instituciones del Estado español.
Sobre la sentencia, que previsiblemente se conocerá la finales de año, el portavoz de las víctimas incide en que siguen confiando en la jueza: “Porque creemos que sí es independiente, no así la Abogacía del Estado y el fiscal, que demostraron todo el contrario y fueron contra las víctimas y contra la verdad”, afirmó.
En la marcha celebrada este lunes desde la estación de tren hasta la fachada principal de la catedral de Santiago de Compostela, víctimas y familiares caminaban detrás de una gran pancarta en que se exigía “una sentencia ejemplar” para que no se vuelva a producir una catástrofe como la ocurrida hace diez años.
De la misma forma, y sin dejar de lado “el descuido” que creen cometió el maquinista Francisco Garzón Amo, aseguran que recae una “mayor responsabilidad” en las causas que originaron el descarrilamiento en Andrés Cortabitarte, en aquel momento director de Seguridad en la Circulación del Adif, ambos, los únicos procesados en el proceso judicial que concluye esta semana.