El alcalde de Vigo, Abel Caballero, dio cuenta de una sentencia del Contencioso Administrativo número 1 de Santiago de Compostela que anula las resoluciones sancionadoras que la Xunta impuso al Ayuntamiento de Vigo por el estado del agua en los años 2017 y 2018. Se trata de una sentencia firme que anula las multas recurridas por Aqualia por infringir el trámite de audiencia y que condena en costas a la administración autonómica.
Según detalló el regidor, la Xunta impuso a la empresa concesionaria del agua en Vigo cuatro sanciones por importe total de 24.200 euros debido a las supuestas irregularidades: falta de colaboración con la actuación de control de los inspectores farmacéuticos de salud pública; incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos formulados por la jefatura territorial de Sanidad; incumplimiento por aplicación de medidas correctoras que no garantizaron la potabilidad del agua de consumo e incumplimiento por la realización de los análisis de control de agua en un laboratorio no acreditado.
Caballero calificó de “durísma” la sentencia ya que impone a la Xunta las costas del proceso al tiempo que declaró la no conformidad a derecho de la resolución impugnada. Estas sanciones, recordó, se impusieron durante la “difícil” etapa seca que vivió la ciudad en el año 2017, cuando era conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña. En su opinión, estas sanciones fueron un ataque más de la Xunta a la ciudad de Vigo.