El candidato de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez Reino, asumió hoy el compromiso de acabar con la discriminación digital que padecen los estudiantes que no pueden acceder a las herramientas de enseñanza on line por falta de medios para sufragar los equipos informáticos acomodados y para pagar la conexión a Internet de alta velocidad.
“Si logramos un Gobierno de progreso tras lo 12 de julio, acabaremos con la brecha digital en todo el país durante la próxima legislatura, y pondremos en marcha un programa de ayudas públicas directas para financiar el acceso integral de todo alumnado gallego a las nuevas tecnologías de la información”, dijo.
Gómez Reino recordó que la suspensión del curso escolar y el confinamiento derivado de la emergencia sanitaria ha perjudicado especialmente a los alumnos de Primaria y Secundaria que pertenecen a hogares con menos recursos, y que tuvieron dificultades para acceder al teleensino o directamente se vieron privados de esa posibilidad. Esa exclusión también afectó al estudiantado universitario y de Formación Profesional que no tenía capacidad económica para adquirir ordenadores y pagar conexiones idóneas a la red.
“Los expertos vienen alertando de que cuando el próximo otoño se inicie el nuevo curso existe riesgo de rebrote de la epidemia. Tenemos que prever esa posibilidad movilizando los recursos públicos necesarios para impedir que ningún alumno sea privado de su derecho a la educación por no disponer de rentas suficientes para contar con las herramientas informáticas necesarias”, alertó.
“Más aún cuando hay miles de familias gallegas atravesando dificultades económicas por la crisis derivada de la emergencia sanitaria”.
El portavoz de Galicia en Común recordó que, según los últimos datos del Instituto Gallego de Estadística, hay 372.892 hogares gallegos que no disponen de ordenador, y que cerca de 144.000 familias habitan en viviendas sin conexión a Internet, ni siquiera a través del teléfono móvil. La situación es especialmente grave en comarcas enteras de la provincia de Ourense, donde el porcentaje de hogares sin acceso a la red supera el 65% del total; o en la Costa da Morte, el sur de la provincia de A Coruña, la Mariña lucense, los Ancares y el interior de Pontevedra, con índices por encima del 35%.
“Si queremos reconstruir nuestro país, salir de la crisis y garantizar un futuro de progreso y de igualdad de oportunidades a todos los nuevos, vivan en la comarca en la que vivan, no podemos permitir que ningún estudiante sea discriminado en el acceso a la sociedad de la información por no disponer de recursos económicos”, concluyó.
