El movimiento okupa es un movimiento social radical que propugna la ocupación de viviendas o locales deshabitados, temporal o permanentemente con el fin de utilizarlos como vivienda, guarida, tierras de cultivo, lugar de reunión o centros con fines sociales, políticos y culturales, entre otros. Este movimiento suele justificar sus acciones como un gesto de protesta política y social contra la especulación y para defender el derecho a la vivienda frente a las dificultades económicas o sociales.
Si bien puede contar con no pocas simpatías cuando se trata de una familia sin recursos, que se encuentra literalmente en la calle, la cual accede a usurpar una casa vacía, propiedad de un fondo buitre o un banco, donde el concepto de humanidad para aquellas personas en riesgo de exclusión social debe ser abordado y revisado por las diferentes instituciones con visos de solución inmediata, dotándoles de una alternativa ocupacional que evite el tener que tomarse la justicia por su mano y defender un derecho constitucional elemental como es el de la vivienda, por las bravas. No menos cierto es que esto, ha sido utilizado por mafias, “aprovechados” y en muchos casos, delincuentes, para campar a sus anchas y proceder, vía una legislación demasiado permisiva a okupar viviendas tanto de instituciones financieras sin uso social, como aquellas adquiridas legalmente, en uso y pagadas religiosamente por sus propietarios legítimos. Así como aquellas que han sido compradas por particulares como inversión, bien para alquiler, bien para vender o como segunda residencia, tanto como para usar en vacaciones o de forma temporal. Todos estos usos son completamente legítimos, constituyen uno de los ejes fundamentales del derecho a la propiedad privada, el cual también constituye un derecho fundamental en España. Sea tanto para uso y disfrute como inversión de los ahorros del ciudadano X, en lo que mejor considere, sin tener que ver cortapisas u opiniones desfavorables de determinados sectores políticos y colectivos por poseer más de un inmueble, ganado legal y honradamente.
Dicho esto, debemos establecer diferencia entre allanamiento, que es ocupar una vivienda actual y habitual de otra persona física y jurídica, caso en el que la justicia suele actuar con rapidez y usurpación, que consiste en quedarse con una casa vacía. En este último caso, la cosa se complica a la hora tratar de recuperar la propiedad. A pesar de que el artículo 245 del código penal considera constitutivo de delito la usurpación de una propiedad ajena. “El que ocupare sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituya morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses”. Sin embargo, en la práctica, no es tan sencillo.
La manera correcta de actuar ante una okupación, siempre y cuando sea posible es avisar antes de que pasen 48 horas. Tiempo máximo en el que la policía debe actuar para no complicar la situación, y que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado no se vean atados de pies y manos en defensa de la propiedad privada del particular que sea. Una vez pasadas las 48 horas, siempre y cuando los ocupantes, por ejemplo, cambien la cerradura, el domicilio ocupado pasa a ser inviolable para estos nuevos moradores. Solo se podrá actuar entonces con orden judicial. Por si esto fuera poco, el intento de recuperación por la fuerza por parte del legítimo propietario puede acabar en denuncia por allanamiento de morada o coacción. Esto incluye tanto el corte de suministros (luz, agua…) como el cambio de cerradura. Por tanto, lo más efectivo, una vez se haya consolidado la okupación es una demanda civil de desahucio o penal, en el caso de sufrir destrozos. Petición de recuperación inmediata de la vivienda, aunque no se haya identificado a los ocupantes. Estos dispondrán de 5 días para justificar la posesión de la morada. De no hacerlo, el tribunal ordenará la entrega inmediata del inmueble al demandante.
Y es que la okupación y su dervirtuación en las premisas iniciales que constituyen su origen y fin llegan al paroxismo con la existencia de mafias que al ocupar viviendas en venta o de bancos llegan a hacer insoportable e incluso peligrosa la convivencia en el inmueble con los vecinos que allí ya habitaban. Además, existe también la práctica de “colocar” a familias para okupar pisos y después pedir una cantidad de dinero al propietario para que se lo devuelvan. Se han llegado a pedir cantidades de hasta 10.000 euros. Muchos de estos propietarios, ante el alargamiento en el tiempo del procedimiento para poder recuperar la vivienda, acaban cediendo al chantaje y pagando. El destino de estos atropellos pecuniarios pasa, una cantidad a los okupas profesionales y otra a las mafias que a éste lucrativo negocio se dedican. Por otra parte, podemos destacar como estas mafias llegan a subarrendar e incluso vender las viviendas. Amén de ser susceptibles de uso ilegal, siendo utilizados como locales de venta de drogas, almacén de artículos robados, plantación de cannabis, etc.
Madrid y sobre todo Cataluña, se llevan la palma en el ranking de ocupaciones ilegales. Lugares donde esta práctica está muy extendida, pero que a día de hoy afecta a todo tipo de inmuebles y lugares de la totalidad de la geografía española.
Ciudades como Barcelona, que curiosamente cuentan con Ada Colau como alcaldesa, han lanzado SOS ante la situación insostenible en boca de su teniente de alcalde de seguridad, Albert Batllé.
La policía necesita de instrumentos legales para actuar más eficazmente y las instituciones cabalgar en la misma dirección. Algo que la Generalitat de Cataluña no parece comprender demasiado bien, puesto que el decreto sobre viviendas vacías del Govern catalán ha terminado en el Tribunal Constitucional por posibles vulneraciones del derecho a la propiedad, favoreciendo incluso las okupaciones.
Con todo, el caldo de cultivo del estallido social está servido. Cada vez son más frecuentes los altercados y amagos de revuelta entre vecinos y okupas. Hartos de convivir los primeros con personas que son una fuente de problemas y foco de delincuencia. Incluso han surgido empresas que se encargan de desalojar y evitar estas usurpaciones con el consiguiente riesgo de confrontación y choque de trenes, ante la indefensión que viven dichos vecinos.
La modificación de las leyes ante estos atropellos de mafias se antoja necesario y urgente, ciudadanos de países de nuestro entorno asisten estupefactos ante la permisividad y laxitud de nuestras leyes ergo gobiernos ante el problema. No se concibe que dueños de pisos, que en algunos casos utilizan como vivienda habitual se vean obligados a marcharse o a tener que acceder a un chantaje para recuperar lo que por derecho les pertenece, mientras que el fenómeno de las okupaciones se extiende como un reguero de pólvora al amparo del “todo vale” patrio. Se trata de aplicar sentido común, establecer un protocolo efectivo de alojamiento ocupacional a las personas realmente vulnerables vía ley, y defender el derecho a la propiedad privada y las viviendas legítimas de la gente del pueblo. Tan sencillo y, al parecer, tan difícil de consolidar por parte de nuestros políticos, quienes una vez más, no son capaces de poner orden y gobernar con criterio.
ALEJANDRO LUIS OTERO JAMARDO